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Morales expropió tierras en Santa Cruz

El gobierno de Bolivia resolvió quitar 36.000 hectáreas en el Alto Parapetí por considerar que allí se encontraron personas bajo servidumbre; protesta de los terratenientes
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Miércoles 11 de febrero de 2009 19:42 (actualizado a las 19:47) LA PAZ.- El gobierno de Bolivia resolvió expropiar 36.000 hectáreas de tierras en el Alto Parapetí, en el departamento de Santa Cruz, tras haber encontrado evidencias de relaciones de servidumbre en haciendas cuyos propietarios anunciaron medidas de desobediencia civil. El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, informó que "concluyó el proceso de saneamiento (control de títulos, función productiva y relaciones de trabajo) de 88.000 hectáreas en tierras originalmente de comunidades indígenas, de las cuales serán revertidas a dominio del Estado unas 36.000". El funcionario agregó que un informe oficial mostró evidencias de que en las propiedades "se entablaron relaciones de servidumbre", una de las principales causales constitucionales de expropiación. Otro directivo del INRA, Juan de Dios Fernández, advirtió que continuará "el proceso de reforma agraria, pésele a quien le pese", y agregó que para ello se empleará "la fuerza pública si fuera necesario", consignó la agencia noticiosa cubana Prensa Latina. "Tenemos conciencia de lo difícil que será materializar la revolución en el sector, considerando la postura intransigente de latifundistas y enemigos del cambio", señaló. Según Fernández, la situación más compleja es la de la región de Alto Parapetí, "donde es mayor el llamado a resistirse a la campaña gubernamental". "Terratenientes incluso han acudido a la violencia para frenar la reforma en lugares en los cuales detectamos personas sometidas a condiciones de servidumbre", señaló en alusión a ataques a tiros con que propietarios recibieron a una comisión oficial en abril de 2008. Para Fernández, la negativa de empresarios a asumir el proceso agrario "debería canalizarse por vías legales y no mediante la fuerza".
Propietarios notificados.

Rojas, en tanto, precisó que ya se notificó a los propietarios y que la próxima semana se emitirá la resolución final de saneamiento. "Los afectados tienen 30 días para presentar ante el Tribunal Agrario una impugnación si consideran que sus derechos propietarios fueron violados, si no lo hacen en ese periodo, procede el desalojo automático", advirtió. Por su parte, Fernández fijó para 2009 la meta de sanear nueve millones de hectáreas. "En tres años de trabajo logramos abarcar 30 por ciento de la superficie nacional (unas 110 millones de hectáreas), mucho más de lo alcanzado en la última década de gobiernos neoliberales", expresó. En tanto, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Guido Nayar, dijo a la prensa local que se ha confirmado que "el trabajo del INRA en la región solo buscaba confiscar tierras, en lugar de aclarar la situación legal de las propiedades". El empresario anticipó su apoyo a los hacendados en las acciones legales de defensa, mientras algunos de los afectados negaron las denuncias de sometimiento de guaraníes y expresaron su temor a que este grupo indígena comience a ocupar las tierras, sin esperar las impugnaciones legales.

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